Independencia y la Ley de Claridad Canadiense

Necesitaremos una Ley de Claridad

RESUMEN

- Una pregunta clara y comprensible.

- Una mayoría suficiente de votantes y de votos válidos emitidos.

- Las minorías o los territorios que no quieran independizarse pueden votar para permanecer en España.

- La votación no se repite.

 

En el futuro inmediato de España no tiene por qué ocurrir lo que pasó en Yugoslavia y Croacia, en Serbia y Kosovo o en Reino Unido e Irlanda del Norte. Perfectamente puede ocurrir lo que sucedió en Canadá y Quebec.

El modelo quebequés se usó por el PNV en la presentación del Plan Ibarretxe y los políticos nacionalistas vascos lo pusieron como ejemplo de lo que ellos anhelaban; solo que lo interpretaron a su antojo, dándole la vuelta al verdadero sentido de la legislación canadiense y envidiando lo que iba a conseguir Quebec gracias a esa legislación. También el nacionalismo catalán lo cita de vez en cuando como el modelo al que aspira.

Ese modelo podría servirnos a todos. Porque ya ha servido en Canadá y puede servir en España. Cuenta, además, con la gran ventaja de que es un modelo reclamado por los propios partidos nacionalistas, aquellos que ponen la independencia de sus territorios como la solución a todos sus problemas. Por tanto, podría servir a la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo a los españoles votantes de CiU o del PNV.

Lo que no sirve es el modelo actual. No sirve a los nacionalistas, porque en su naturaleza está pedir siempre más de lo que reciben y reclamar siempre algo nuevo cuando consiguen lo que pedían antes. Y no sirve al conjunto de España, porque no se pueden seguir concediendo competencias indefinidamente sin que eso llegue a contentar nunca a quien las recibe.

Canadá encontró la solución con la Ley de Claridad. Se trata de un procedimiento más sencillo y menos farragoso que el camino constitucional hacia la independencia de una Comunidad Autónoma, que sí contempla nuestra Constitución.

Cualquier asociación, matrimonio o proyecto entre partes que quiera romperse, ha de contar con la opinión de todos los implicados, no sólo de los que quieren deshacer el acuerdo. Canadá promulgó una norma que establece cómo sería el proceso de independencia de Quebec. En España una Ley Orgánica similar, aprobada por las Cortes Generales, podría poner las cosas en su sitio. Esa norma establecería, por parte de los representantes de todos los españoles, las condiciones para que una parte pudiera, si lo desea, gestionar su independencia. Pero tendría que cumplir los 4 requisitos contenidos en la Ley de Claridad:

- Una pregunta clara y comprensible. Algo como "¿Quiere usted que la Comunidad Autónoma de xxx se independice a todos los efectos del resto de España?". No valen preguntan ambiguas, que se rechazarían, como la del último referéndum quebequés: “¿Aceptaría usted que Quebec sea soberano tras haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política en el marco de la Ley sobre el Futuro de Quebec y el acuerdo del 12 de junio de 1995?”. No se permitirá preguntar por la "autodeterminación". Si quieren la independencia, que pregunten por la independencia.

- Una mayoría suficiente de votantes y de votos válidos emitidos. No vale un porcentaje como el de las consultas populares celebradas en Cataluña. En algunas ciudades votó un 5% de lo que establecieron como censo, incluyendo a emigrantes y menores de edad. Los porcentajes se marcarán por las Cortes, pero deberían ser una participación en torno al 65% del censo y un voto favorable en torno al 65% de los emitidos. Algo así como la mayoría cualificada necesaria para modificar una Ley Orgánica. El censo debería incluir a todos los naturales del territorio secesionista que hayan huido de él por el terrorismo y quieran empadronarse para poder votar.

- Las minorías o los territorios que no quieran independizarse pueden votar para permanecer en España. Suponiendo que la pregunta es clara y los porcentajes pedidos dan un resultado global de independencia de un territorio, las partes de ese territorio que no quieran irse han de poder quedarse, mediante otra votación. Por ejemplo, Álava o Iparralde deben tener todos los medios a su alcance para decir si quieren permanecer en España o en Francia.

- La votación no se repite. No vale, como llegó a proponer algún político nacionalista, repetir la consulta cada cinco años, hasta que salga el sí. En todo caso, los independentistas eligen cuándo la quieren realizar, cuándo es el momento más adecuado para sus fines. Pero no se repite si sale que no. Al menos, en 25 años.

En esta entrevista a Stephane Dion, ministro canadiense que presentó esta Ley, queda bastante claro cuál es su alcance y contenido. “Celebrado el referéndum con todos los requisitos citados habría que, por ejemplo, negociar el reparto del activo y del pasivo, las modificaciones de las fronteras y la protección de los derechos de las minorías. Eso es lo que ya se especifica en el artículo 4 de la Ley sobre la Claridad, pero para avalar la separación habría que negociar muchísimas más cosas. El principio de que no se puede retener a nadie contra su voluntad tiene que aplicarse en todas las direcciones. Los secesionistas declaran la divisibilidad de Canadá o de España, al tiempo que proclaman la indivisibilidad de su futuro Estado. Es una contradicción inherente a todos los secesionismos. Ellos tienen que saber que si entramos a negociar la escisión, tendrán que contar con la posibilidad de que una parte de su territorio opte por quedarse con Canadá o con España. Hay que evitar las dos varas de medir.”

Una norma como la Ley de Claridad canadiense seria perfectamente clarificadora de lo que debe ser un proceso de independencia.

En España el principal inconveniente por el que no se aborda una Ley como esta es porque a los principales partidos nacionalistas y al PP-PSOE les interesa mantener el modelo salido de la Transición para controlar las mayorías parlamentarias y los dineros públicos. Pero el modelo parece agotado y, además, ya no hay dinero para mantenerlo. Ha llegado la hora de cambiarlo.